Camila tiene 35 años, dos hijos y cumple condena en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín por tráfico de sustancias ilícitas en pequeña escala, como el 47,4% de las mujeres condenadas en Chile. Este personaje ficticio refleja las condiciones que enfrentan miles de mujeres en el sistema penitenciario. Desde que ingresó en 2021, Camila ha enfrentado la dura realidad de menstruar en la cárcel. Cada mes, durante cinco días, utiliza toallas desechables y ácido mefenámico proporcionadas principalmente por Gendarmería , aunque estas no siempre son suficientes. Según el primer informe de salud sexual en mujeres privadas de libertad realizado por la Red de Acción Carcelaria (RAC), el 40,5% de las reclusas declara no tener acceso adecuado a productos de higiene menstrual.

Su ciclo menstrual dura cinco días y utiliza toallitas desechables como principal producto menstrual. Estas se las entrega principalmente Gendarmería, al igual que al 62% de sus compañeras.

Desde que ingresó en 2021, los costos promedio de los productos menstruales han ido en alza. Ese año, cubrir su higiene menstrual costaba $5.887. En 2022, el monto subió a $7.467, y para 2023 alcanzó los $7.882, lo que representa un aumento del 25% respecto al costo del 2021. Si es que el ciclo de Camila tuviese otra duración, los costos también aumentan considerablemente. Poniéndose en el caso de que su ciclo tuviese una duración promedio de 7 días, en 2021, la suma mensual de los dos productos alcanzaba $7.498. Para 2023 esta suma llegó a $11.034. A nivel anual, esto equivale a un gasto total de $94.583 en 2023. Si el ciclo de Camila durara menos, por ejemplo, 3 días, los costos no dejarían de incrementar. A nivel anual, su gasto fue de $56.750 en 2023, lo que significa que en solo tres años sus gastos en estos dos productos menstruales aumentaron en un 26%.

Camila es un personaje modelo. Su historia representa la realidad de muchas mujeres encarceladas en Chile. Un país que, después de Guayana Francesa, tiene la mayor proporción de mujeres privadas de libertad en Latinoamérica.

El número de mujeres en cárceles chilenas ha crecido un 56% desde 2020. Sin embargo, los centros penitenciarios exclusivos para mujeres representan apenas un 7% de las 83 cárceles existentes en el país. La menstruación es uno de los temas más invisibilizados del sistema carcelario. Según el informe de RAC, las mujeres no solo enfrentan limitaciones en el acceso a productos de higiene, sino que tampoco cuentan con opciones sostenibles como copas menstruales o toallas reutilizables, que representan solo el 12% de los productos entregados por Gendarmería. Además, el mismo estudio revela que un 49,1% de las mujeres encuestadas dice recibir menos atención ginecológica que antes de su reclusión.

No es novedad escuchar que nuestro sistema carcelario se encuentra en una especie de colapso desde hace algunos años. Pero, ¿a qué se refieren exactamente esta afirmación? ¿Cuáles son los principales motivos que llevan a este desgaste carcelario? La prisión preventiva es una de las medidas más utilizadas en el país frente a la crisis de seguridad, aplicándose incluso a delitos menores. Casos mediáticos como el de la exalcaldesa Cathy Barriga han puesto en debate este tipo de castigos y su impacto en el sistema penitenciario. La población penal ha aumentado solo un 29% de 2013 hasta 2024 pasando de cerca de 43,000 reos a 60,000. Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos , señala: "Aunque los delitos menos violentos, como hurtos, han disminuido desde 2018, otros crímenes como homicidios y secuestros han aumentado significativamente, lo que ha generado un pánico social que se traduce en políticas más punitivas". Este endurecimiento de penas y el uso excesivo de la prisión preventiva agravan el hacinamiento, afectando particularmente a mujeres como Camila.

Un presupuesto indiferente al género

Según Transparencia Activa, el 97% del presupuesto de Gendarmería se destina al mantenimiento general de las personas privadas de libertad, dividido en gastos de personal, bienes y servicios, y prestaciones de seguridad social. Este presupuesto no considera un apartado específico para las necesidades de higiene menstrual de las mujeres. "El sistema penitenciario no está pensado para mujeres. Menstruar en prisión es más que un costo extra; es una carga emocional y física que podría aliviarse con políticas públicas más inclusivas", señala el informe de RAC.

En Chile, el subsistema cerrado corresponde al cumplimiento de penas dentro de recintos penitenciarios con restricción total de libertad. El subsistema abierto permite un régimen menos restrictivo, como arresto domiciliario o libertad vigilada, facilitando la reinserción social progresiva. Finalmente, el subsistema postpenitenciario apoya a las personas que han recuperado su libertad, promoviendo su reintegración laboral, social y educativa para prevenir la reincidencia.

Reformas recientes: ¿una solución o un problema?

En agosto de 2024, el presidente Gabriel Boric firmó una reforma al sistema penitenciario cuyo objetivo es endurecer penas y enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, diversos analistas advierten que estas medidas podrían agravar la sobrepoblación carcelaria. El nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha asumido el desafío de reformar el sistema penitenciario, con énfasis en mejorar los nombramientos y combatir el crimen organizado. No obstante, las prioridades del gobierno no incluyen, hasta ahora, políticas de género que enfrenten la precariedad que afecta a las mujeres privadas de libertad.

Imagen por: RTVE